El Gobierno impulsará una reforma legal para «evitar los internamientos forzosos» a personas con problemas de salud mental

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El Gobierno impulsará una reforma legal para
Unidad de hospitalización psiquiátrica del Hospital Clínic de Barcelona.
  • El delegado de Derechos Humanos de CERMI afirma que la reforma debería asegurar todos los derechos humanos.
  • Plantean también impulsar la atención domiciliaria frente a la institucionalización.
  • Denuncian «la desesperante espera» de las personas con discapacidad para tener una valoración adecuada.

El Gobierno se ha propuesto impulsar una reforma legal para eliminar los internamientos forzosos a enfermos psiquiátricos y buscar «medidas alternativas» más basadas en los Derechos Humanos. Es uno de los objetivos fijados en la nueva Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, aprobada en el Consejo de Ministros de este martes. El fin es, en palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apoyar a los «más de cuatro millones de españoles que sufren discapacidad, acompañarles y derribar barreras arquitectónicas, sociales, laborales y normativas».

En un extenso documento de más de un centenar de páginas, el Ejecutivo marca la hoja de ruta a seguir para «hacer efectivos los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y los de sus familias». Plantean, para los próximos ocho años, una serie de reformas enmarcadas en seis ejes principales, que van desde la inclusión social y garantía de la autonomía personal, a la igualdad, cohesión territorial e innovación.

Dentro del segundo eje, el de «autonomía personal y vida independiente», están quizás las reformas más destacadas. Todas ellas tienen un horizonte claro: promover, dentro de lo posible, la máxima autonomía personal y libre elección de las personas con discapacidad. Así, uno de los cambios que se ha propuesto el Gobierno pasa por modificar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para eliminar los internamientos forzosos -sin consentimiento- en centros psiquiátricos, con especial atención a la situación de los menores de edad y en buscar «medidas alternativas», que no concreta en el documento.

Este procedimiento de internamiento no voluntario fue dotado de carácter de ley orgánica en 2015, después de que el Tribunal Constitucional lo declarara inconstitucional precisamente por no tener el rango de orgánico y afectar al derecho fundamental a la libertad personal. Lo que permite esta regulación específica es internar por razón de trastorno psíquico a una persona «que no esté en condiciones de decidirlo por sí misma», con el único requisito de que se presente una autorización judicial.

Una modificación «acorde» con los Derechos Humanos

«Lo que está en juego cuando no se respeta la voluntad de una persona son los derechos humanos. Aquí no estamos hablando de alguien que ha cometido un delito, estamos hablando de que, por protección de esa propia persona, se dispone de su internamiento aún sin contar con su voluntad», asevera a 20minutos el delegado de Derechos Humanos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Gregorio Saravia. 

Es, señala, «una cuestión muy problemática». Lo que según CERMI debería hacerse es una reforma del artículo 763 «acorde» con los derechos blindados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España. Y es que con la regulación actual, denuncia, se vulneran numerosos derechos reconocidos en el acuerdo jurídico, como el de no discriminación, el de igual reconocimiento ante la ley o el de la protección de la integridad personal.

«Cuando las personas son internadas por estas cuestiones, en general, lo que se lleva adelante son una serie de medidas de contención que pueden ser tanto químicas como mecánicas, para personas que están teniendo algún brote, por ejemplo», explica Saravia. A lo que aspiran, afirma, es a proteger a las personas con discapacidad de «tratos que se asemejan a la tortura». «Tener a una persona inmovilizada con correas durante muchísimas horas es un trato degradante», subraya.

Asimismo, Saravia incide en delimitar «dos problemas muy distintos»: «Muchas veces se confunde la voluntad de decidir con las formas en las que esa voluntad se manifiesta», asegura. Lo que hay que hacer, según el miembro de CERMI, es especificar de una forma mucho más concreta los supuestos y condiciones bajo las cuales se acuda al internamiento forzoso de una persona con problemas de salud mental. «Si no se tiene una mirada omnicomprensiva de las diferentes situaciones que pueden atravesar las personas, lo que podemos estar haciendo con legislaciones como esta es afectar de una forma desproporcionada aun determinado tipo de personas».

«Lo excepcional no puede convertirse en regla»

«No tiene ningún sentido negar que hay casos en los cuales sí que la única alternativa es la de llevar a cabo ese internamiento», reconoce, incidiendo en que debe abordarse como una medida completamente extraordinaria. «Lo excepcional no puede convertirse en regla, y es lo que está sucediendo ahora», denuncia el delegado de Derechos Humanos del CERMI.

«Una reforma legal que no venga acompañada de un cambio en la cultura de quienes la aplican va a ser infructuosa»

Por ello, desde CERMI creen que, si bien hay casos en los que sí que es necesario internar a una persona en un hospital psiquiátrico sin su consentimiento o el de su tutor legal, tiene que darse con ciertas garantías, desde un punto de vista judicial, de que se están respetando los derechos. «Tiene que ser excepcional y además proporcional en el tiempo. No se pueden ir extendiendo eternamente internamientos como ha pasado en muchísimos casos».

Así, abogan por llevar a cabo controles «más rigurosos» para los que, además, consideran que harían falta reformas más allá de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. «Una reforma legal que no venga acompañada de un cambio en la cultura de quienes tienen que aplicarla va a ser una reforma infructuosa», subraya.

La ‘laguna’, según Saravia, tiene su origen en un problema de orden legislativo, pero también en una «fata de pedagogía» por parte de los operadores jurídicos. «Todavía hay que avanzar en la toma de conciencia de que estos derechos existen y deben ser respetados en todas las situaciones. Habría que reforzar la formación de los que interceden, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad hasta el personal sanitario».

Reducir la institucionalización

También dentro del marco de fomentar la autonomía de las personas con discapacidad, el Gobierno marca en el Ejecutivo la intención de mejorar en el despliegue del Sistema para la Autonomía a la Dependencia (SAAD), orientándolo a la «promoción de la autonomía personal, la permanencia en el domicilio y la vida en la comunidad de las personas con discapacidad».

En definitiva, de lo que se trata es de potenciar todos los servicios que se encargan de la asistencia personal (la atención domiciliaria) para reducir el número de personas con discapacidad que viven en instituciones y poniendo especial atención a la infancia con discapacidad promoviendo modelos como el de acogida familiar.

Para ello, contemplan también avanzar en el desarrollo de medidas de apoyo a las familias y personas cuidadoras, «considerando los nuevos modelos familiares y el relevo generacional» en el apoyo a familiares con discapacidad. Además, promoverán opciones de vivienda «accesible y asequible» para potenciar su emancipación y «compensando sus especiales dificultades de acceso», reza el texto.

FUENTE: www.20minutos.es