Enfermedad mental, violencia y estigma: sobre un caso reciente

El 20 de Septiembre de 2021 ha llegado la noticia de que Noelia de Mingo, una mujer diagnosticada de esquizofrenia paranoide, que cometió tres homicidios en 2003 en la Fundación Jiménez Díaz, ha vuelto a cometer una agresión en el pueblo donde residía en la provincia de Madrid. Ha herido con un cuchillo a otras dos mujeres, una de ellas de gravedad.

El caso es sobradamente conocido, por lo que no vamos a entrar en detalles. Tan solo destacaremos que esta mujer ha estado en diversos centros penitenciarios en Madrid, y después pasó una larga temporada en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent. Noelia fue declarada inimputable, ya que el jurado consideró que el delito estuvo totalmente condicionado por una enfermedad mental. En estos casos no se impone una condena sino una «medida de seguridad» en la que el objetivo no es el castigo, sino el tratamiento con la finalidad de que deje de ser un peligro para la sociedad.

Noelia siguió este tratamiento durante años, mejoró, y fue teniendo salidas cuya amplitud se fue aumentando de forma progresiva. Cumplía con el tratamiento pautado y los psiquiatras que la trataban propusieron que siguiera el tratamiento de forma ambulatoria. En 2017 el tribunal sentenciador, a la vista de los informes favorables, acordó que su puesta en libertad, aunque ordenó que siguiera en tratamiento con psiquiatras del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid.

A raíz de este nuevo incidente, un ejército de opinadores profesionales, han empezado a realizar feroces críticas con un razonamiento unánime: la puesta en libertad ha sido un error ya que ha vuelto a reincidir, y alguien tiene que responsabilizarse de esta decisión supuestamente equivocada. Aunque también cabe la posibilidad de que las cosas se han hecho bien, asistencialmente, a pesar del mal resultado.

La atención a los pacientes con trastorno mental grave es un proceso largo y complejo. Hay numerosos recursos por los que pasan. En el caso de los pacientes forenses (los que ya han cometido delitos) se añaden controles adicionales con una evaluación y gestión del riesgo de reincidir en una conducta violenta. En este caso también se hizo así. El Hospital Psiquiátrico de Fontcalent tiene más de 250 personas ingresadas en la actualidad, y muchos de ellos han cometido delitos violentos, incluyendo homicidios. El alta/ puesta en libertad de un paciente con trastorno mental grave es un proceso en el que tienen amplia experiencia los profesionales de este centro, valorando y gestionando riesgos.

Cuando se produce un alta de estas características el tribunal sentenciador ordena a un equipo de salud mental del sistema público de salud el seguimiento del caso, y exige informes periódicos a los psiquiatras sobre la evolución y el cumplimiento del tratamiento ambulatorio. No es raro que si un paciente no cumple con este seguimiento se le retorne al Hospital Psiquiátrico Penitenciario. No ha ocurrido esto, así que suponemos que cumplió adecuadamente el seguimiento y aceptó el tratamiento (probablemente con medicación depot, una inyección cuyo efecto dura un mes).

En la evolución a largo plazo de estos pacientes influye notablemente la actitud de la sociedad hacia el enfermo: el estigma. Numerosos estudios empíricos han demostrado que el rechazo social implica un peor pronóstico de la enfermedad. El estigma depende de la actitud de la familia, vecinos del barrio, oportunidades para poder trabajar, tener una vida autónoma, tener pareja, familia, etc. Por esto, la lucha contra el estigma es muy importante.

Pero hay ocasiones, como en el caso de Noelia, en las que el estigma pesa demasiado. Tuvo la desgracia de que fue un caso con una tremenda proyección mediática. El drama que se vivió en la Fundación Jiménez Díaz ocupó las portadas durante varios días de todos lo medios. El nombre de Noelia quedó vinculado para siempre a aquello. Desde entonces cualquier acontecimiento relacionado con este caso, y la situación de Noelia, trascendía a los medios.

Lo ocurrido en 2003 ha debido marcar para siempre la vida de Noelia. Es fácil imaginar lo que supone regresar a tu casa y sentir el rechazo de muchos conocidos. No es raro tampoco que si intentase rehacer su vida fuera de allí, cualquiera que introdujese su nombre en los buscadores de Internet conocería todo su pasado. En este contexto es difícil poder encontrar un trabajo y tener cierta autonomía.

Es evidente que aún nos falta información sobre lo que ha ocurrido en este caso. Estamos seguros de que poco a poco, a golpe de filtraciones, iremos sabiendo lo que realmente ha ocurrido. Aún está por saber qué alteración psicopatológica ha provocado este nuevo acto violento. Puede ser el mismo que hace 18 años, o no.

Muchos otros pacientes, que han cometido homicidios, influidos por un trastorno mental grave, han conseguido rehacer su vida, pero no han tenido un estigma social tan grande como el que ha tenido Noelia. Esto nos lleva a una reflexión que desde la SEPL queremos compartir.

A los críticos con el manejo del caso cabe hacer entonces una pregunta: ¿Cuál es la propuesta que tienen para un caso como este? ¿Acaso lo que proponen es que estos pacientes se queden recluidos de por vida en un centro cerrado? Estamos en una época en la que predomina el discurso de los Derechos Humanos, y se pide que estos sean llevados a su máxima expresión. En España se acaba de aprobar una Ley que modifica en gran medida el régimen de tutela. Ya no se habla de incapacidad sino de medidas de apoyo. Por otro lado, el Ministerio de Justicia está trabajando en modificaciones legislativas sobre el internamiento involuntario. Algunos grupos políticos han propuesto que se prohiba, sin más, la hospitalización contra la voluntad de los pacientes psiquiátricos. Este es el clima político y social actual.

Un tratamiento humano del paciente con un trastorno mental grave supone un esfuerzo, por parte de todos, para ayudar a estas personas a reintegrarse a la sociedad. En muchos casos lo conseguimos y sin incidentes graves, aunque no siempre. Asumimos riesgos, es evidente, pero es el precio por humanizar la asistencia a estos enfermos.

Por otro lado España es de los países que menos psiquiatras tiene por cien mil habitantes de toda Europa. Y con los cambios recientes en la regulación de la especialidad de psiquiatría se espera que el número de profesionales se reduzca, todavía más, en términos relativos. En numerosas provincias españolas hay plazas de psiquiatras sin cubrir. Casos como este sólo los pueden asumir los psiquiatras.

Precisamente ahora se está debatiendo en el Ministerio de Sanidad la «Estrategia en salud mental». No deja de sorprender que no se diga prácticamente nada de la salud mental penitenciaria. Hace falta tener una política de salud mental con una visión clara de cuales son las prioridades. Además del suicidio hay otras como el trastorno mental grave y la salud mental en las prisiones.

Ojalá los políticos se den cuenta pronto.

FUENTE: www.psiquiatrialegal.org